Vence la conciliación con los controladores aéreos y crece la tensión por posibles medidas de fuerza

Redacción - Este viernes vence el plazo de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en el conflicto que mantienen el Gobierno nacional y la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el gremio que nuclea a los controladores aéreos. La medida, dispuesta el 23 de diciembre, permitió desactivar un plan de protestas en plena temporada alta, pero no logró destrabar la negociación paritaria con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Según fuentes del sector, este mismo viernes se realizará una nueva audiencia convocada por la autoridad laboral, en la que se analizará la posibilidad de prorrogar la conciliación por cinco días hábiles más. La alternativa busca ganar tiempo ante la amenaza del gremio de retomar medidas de fuerza en el corto plazo.

Desde EANA sostienen que continúan las gestiones para evitar un nuevo conflicto operativo. Voceros de la empresa estatal aseguran que, pese a lo que describen como una postura “intransigente” del sindicato, el objetivo sigue siendo garantizar la normalidad de los vuelos durante el período de mayor demanda turística. En ese sentido, remarcan la disposición a seguir negociando, aunque cuestionan la estrategia del gremio y advierten que las medidas anunciadas no apuntarían a mejorar condiciones laborales sino a generar impacto en el sistema.

El trasfondo del conflicto excede a EANA. La definición salarial no depende directamente de la empresa, ya que, como organismo estatal, está sujeta a la pauta fijada por el área de Empleo Público, bajo la órbita del Gobierno nacional. Esa limitación es uno de los principales puntos de fricción en la mesa de negociación.

Desde el Ejecutivo recuerdan además que los servicios de navegación aérea son considerados esenciales por ley. Esto implica que cualquier medida de fuerza debe ser notificada con al menos cinco días de anticipación y no puede afectar a más del 45% de las operaciones. Mientras la conciliación obligatoria esté vigente, el gremio tiene prohibido avanzar con paros o asambleas que alteren el servicio.

La normativa laboral habilita a la Secretaría de Trabajo a conceder una prórroga de cinco días hábiles adicionales a pedido de la empresa, con el objetivo de agotar las instancias de diálogo antes de que el sindicato, conducido por Paola Barritta, recupere la facultad de retomar acciones gremiales que podrían impactar de lleno en el transporte aéreo.

El conflicto entre EANA y ATEPSA no es nuevo. En julio del año pasado, en la previa de las vacaciones de invierno, una conciliación obligatoria frenó un esquema de protestas que amenazaba el receso invernal. Sin embargo, en agosto se concretaron tres jornadas de paro nacional, que derivaron en un acuerdo transitorio con una recomposición salarial del 15% en cuatro tramos.

La tregua volvió a romperse en noviembre, cuando el gremio impulsó nueve jornadas de paro focalizadas en vuelos de carga y paralizó capacitaciones técnicas y tareas de mantenimiento. En diciembre, las medidas se extendieron a vuelos de pasajeros durante dos días, lo que llevó al dictado de la actual conciliación obligatoria.

En paralelo, el conflicto escaló al ámbito judicial. La Justicia federal investiga un presunto fraude administrativo vinculado a un acta paritaria de fines de 2023, que habría establecido aumentos anticipados para 2024 y que no figura en los registros oficiales de EANA. En esa causa se analiza la responsabilidad de la ex presidenta de la empresa, Gabriela Logatto, y de la secretaria general del gremio.

Además, EANA presentó denuncias penales contra ATEPSA por supuestas acciones que habrían puesto en riesgo la seguridad operacional, entre ellas la colocación de elementos sindicales en torres de control que podrían haber interferido con la visibilidad y la operación técnica.

Con el vencimiento de la conciliación, el Gobierno enfrenta una encrucijada. Mientras el área económica mantiene una política de contención salarial, la continuidad del transporte aéreo depende de un recurso humano altamente especializado y difícil de reemplazar. La eventual reactivación del conflicto no solo tendría impacto laboral, sino que podría comprometer la estabilidad de la aviación civil y comercial en todo el país.