Dos funcionarios municipales y dos comerciantes fueron acusados de integrar una maniobra que incluyó horas máquina sobrefacturadas, extracción ilegal de áridos y apropiación de bienes públicos. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para tres de ellos.
Regionales29/11/2025
Redacción
Redacción - La comunidad de Andacollo permanece conmocionada tras la audiencia de formulación de cargos contra cuatro personas sospechadas de haber defraudado a la Municipalidad por un monto estimado en 128 millones de pesos. La denuncia fue presentada por el propio intendente, Manuel San Martín, y apunta a dos funcionarios de su gestión y a dos comerciantes, padre e hijo, responsables del corralón Ceferino. Uno de los imputados, además, fue recientemente designado como funcionario en Villa El Chocón, lo que también quedó bajo investigación.
“Eso está siendo investigado”, confirmó el fiscal jefe de Chos Malal, Fernando Fuentes, quien intervino junto al fiscal Víctor Salgado. Señaló que resultó llamativo que uno de los comerciantes, radicado en Andacollo, fuera nombrado funcionario en otra localidad al mismo tiempo que se investigaban las maniobras presuntamente fraudulentas.
Entre los imputados se encuentran los funcionarios Eduardo Argentino Zenteno, secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes, y Carlos Daniel Leiva, director de Redes, ambos apartados de sus cargos tras conocerse la denuncia. Los comerciantes imputados, de apellido Vázquez —padre e hijo—, están acusados de defraudaciones reiteradas, asociación ilícita y peculado. El padre, Carlín Vázquez, tiene además una extensa trayectoria política: fue intendente de Guañacos durante tres mandatos y candidato en 2023.
Según la investigación, la maniobra se desarrolló entre junio y octubre de 2025 y consistía en cobrar horas máquina muy por encima de las realmente trabajadas, e incluso facturar horas que debían tener costo cero porque habían sido donadas al municipio. En uno de los casos, maquinaria que trabajó cuatro horas fue facturada por 58 horas. En otros, directamente se cobraba por trabajos inexistentes que habían sido realizados por personal municipal o por otra empresa.
Otra parte de la investigación apunta a la extracción ilegal de áridos en la cantera municipal: se habrían autorizado 80 bateas de arena que luego fueron vendidas por el corralón. A eso se suman otras 80 bateas retiradas de la cantera de Chos Malal, por un total aproximado de 58 millones de pesos.
La acusación también incluye peculado por la sustracción de bienes municipales. Entre enero y octubre de 2025, Zenteno habría apropiado un rollo de cable de 100 metros, una mesa de caño estructural, una cocina industrial, una mesada y un perchero metálico, construidos con materiales y mano de obra del municipio. Estos elementos fueron secuestrados durante allanamientos realizados el 5 de noviembre, donde también se incautó documentación, facturas, anotaciones y dispositivos electrónicos.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los dos comerciantes y para uno de los funcionarios, a quien consideran pieza clave en los 13 hechos imputados. Fuentes alertó sobre un “riesgo de fuga importante”, especialmente porque uno de los empresarios registró nueve salidas a Chile en lo que va del año y ambos cuentan con capacidad económica suficiente para evadir el proceso. Durante la audiencia, los imputados ofrecieron depositar 130 millones de pesos como caución.
En paralelo, el fiscal Salgado abrió un nuevo legajo en el que se investiga a uno de los funcionarios por presuntas maniobras fraudulentas en la compra de combustibles en una estación de servicio local.
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