
Automotrices advierten que los autos importados por particulares no tendrán garantía oficial en el país
Redacción
Redacción - La reciente flexibilización del régimen para importar vehículos 0km por cuenta propia generó un rápido choque con la industria automotriz local. Desde la Asociación de Fabricantes Automotores de la Argentina (ADEFA) advirtieron que los autos ingresados bajo este esquema no contarán con garantía oficial ni cobertura de postventa, un punto clave que, aseguran, deja desprotegidos a los usuarios.
La entidad fue contundente al señalar que los modelos que no se comercializan oficialmente en el país quedan fuera de cualquier respaldo de las marcas. Esto implica la ausencia de garantía, dificultades para acceder a repuestos originales y la imposibilidad de contar con servicio técnico especializado ante fallas mecánicas o electrónicas.
La preocupación de las terminales no apunta directamente a la apertura del mercado, sino a lo que consideran una desigualdad de condiciones regulatorias. En declaraciones al diario La Nación, voceros de ADEFA explicaron que los vehículos importados por particulares enfrentarían exigencias más laxas en materia de seguridad y emisiones respecto de las que deben cumplir las automotrices para vender un modelo en el país.
El centro del conflicto está en el proceso de homologación. Mientras que las terminales deben obtener la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) —trámites que pueden demorar más de un año e incluyen pruebas de choque, calibraciones y ensayos técnicos de alto costo—, el nuevo régimen reemplaza esos requisitos por un Certificado de Seguridad Vehicular (CSV) para las importaciones individuales.
La diferencia también es económica. Para acceder al CSV, el particular debe presentar un informe técnico cuyo arancel ronda los 100.000 pesos, equivalente a unos 20.000 módulos. Desde la industria calificaron ese monto como “exiguo” en relación con las inversiones millonarias que realizan las fábricas para certificar cada modelo.
“Hay una disparidad significativa en las estructuras de costos”, señalaron desde el sector. Mientras las terminales distribuyen los gastos de homologación entre toda su oferta comercial, el régimen simplificado ofrece —según advierten— una vía rápida y de bajo costo que no asegura los mismos estándares de seguridad ni garantiza el acompañamiento posterior al usuario.
En ese escenario, ADEFA remarcó que el riesgo final recae sobre el comprador, que puede acceder a un vehículo más barato, pero sin la protección legal, técnica y comercial que brinda la red oficial de las marcas en el mercado argentino.


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