

Redacción - El Gobierno nacional extenderá las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el sábado 28 de febrero y enviará un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, en un intento por atender el reclamo de actualización presupuestaria de las casas de estudio.
El decreto que formaliza la decisión será firmado esta noche y publicado el próximo lunes en el Boletín Oficial. “La idea de la ley es hacerla implementable”, señalaron fuentes oficiales, en referencia a la necesidad de contar con una norma que pueda aplicarse sin objeciones administrativas ni judiciales.
La iniciativa apunta a descomprimir el conflicto con el sector universitario, que reclama recursos para garantizar el funcionamiento académico e institucional frente al escenario inflacionario y la pérdida de poder adquisitivo de los presupuestos vigentes.
El antecedente del veto y la judicialización
La decisión del Ejecutivo se da luego de la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con el objetivo de frenar la obligatoriedad de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2024.
Tras la aprobación en ambas cámaras, el presidente Javier Milei vetó la norma, pero el Congreso posteriormente ratificó la ley insistiendo con su sanción original. Ese escenario abrió un nuevo frente de tensión institucional y política en torno al financiamiento del sistema universitario.
Extensión del temario y plazos parlamentarios
Si bien el reglamento de la Cámara de Diputados establece que la ampliación del temario de sesiones extraordinarias debe ser votada en el recinto, en la Casa Rosada sostienen que existen antecedentes de incorporación de proyectos mediante decreto.
El texto también formalizará la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, con el objetivo de avanzar en el tratamiento de los proyectos antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias prevista para el 1° de marzo.
Además, el cronograma deberá contemplar el cumplimiento del plazo reglamentario que exige un mínimo de 10 días entre la presentación del proyecto y la firma del dictamen correspondiente en comisión.


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