La denuncia penal apunta a una presunta omisión en la publicación ante la Oficina Anticorrupción en el marco de una adjudicación de más de $114 millones de Cancillería a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa.
País16/02/2026
Redacción
Redacción - Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron este lunes una denuncia penal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por su presunta responsabilidad en una contratación de Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad que integra su cónyuge, María Josefina Rouillet.
La presentación sostiene que pudo haber existido una omisión en la publicación de la Declaración Jurada de Intereses en el sitio de la Oficina Anticorrupción (OA), tal como lo exige el Decreto 202/2017 en casos de posibles conflictos de intereses.
La adjudicación bajo análisis
El eje de la denuncia es la Disposición 21/2026 (DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE), dictada el 19 de enero de 2026 por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, mediante la cual se adjudicó a la AACI una contratación por $114.044.133, con opción de prórroga, para la capacitación en inglés del personal de Cancillería en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027.
Según el escrito, la propia disposición reconoció la existencia de un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger en la Declaración Jurada de Intereses, lo que habría activado el procedimiento previsto en el artículo 4° del decreto: comunicación a la OA y a la SIGEN, sugerencia de un Pacto de Integridad y publicación de las actuaciones.
No obstante, los denunciantes señalaron que al consultar el registro de “Casos informados a la OA” no encontraron constancia de publicación al 15 de febrero de 2026, lo que —afirman— afectaría un requisito central de transparencia.
La denuncia encuadra los hechos en los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (artículo 265).
Además, solicita investigar un antecedente contractual de 2024 entre las mismas partes, para determinar si correspondía actualizar la declaración jurada y si esa eventual actualización fue debidamente publicada.
La postura oficial
La presentación se produjo luego de que trascendiera públicamente la adjudicación. El canciller Pablo Quirno negó irregularidades y afirmó que la Cancillería contrata a la AACI desde 2018.
Según explicó, ante la existencia de un vínculo familiar se activó el procedimiento de integridad con intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN.
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