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Redacción - Una empleada del Registro Civil de la provincia de Neuquén es investigada por la presunta comisión de cobros indebidos y la confección de actas matrimoniales irregulares, hechos que habrían provocado daños económicos a particulares y al Estado. Así lo sostuvo el Ministerio Público Fiscal durante una audiencia realizada este martes.
En ese marco, el asistente letrado Facundo Bernat reformuló la acusación contra la funcionaria, a quien se le atribuye haber exigido dinero de manera ilegal a una pareja para la realización de un casamiento y haber consignado información falsa en el acta correspondiente. Si bien se mantuvieron los hechos y delitos originalmente imputados, la fiscalía incorporó agravantes y nuevas consecuencias económicas derivadas de las maniobras.
De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público Fiscal provincial, son dos los hechos que se le imputan a la mujer. El primero ocurrió el 6 de enero de 2025, cuando, en su carácter de oficial pública, habría requerido a una pareja el pago de $90.000 bajo el argumento de que el sellado abonado no correspondía al trámite matrimonial. El dinero fue transferido a una cuenta personal de la acusada.
El segundo hecho está vinculado a la confección del acta matrimonial. Según explicó Bernat, la funcionaria omitió consignar que la ceremonia se realizó a domicilio y tampoco dejó constancia de los testigos exigidos por la normativa vigente.
La fiscalía sostuvo que estas irregularidades no solo constituyen una falsedad documental, sino que también generaron un perjuicio patrimonial al Estado provincial, ya que no se abonó la tasa correspondiente al casamiento a domicilio. Además, la pareja afectada debió realizar trámites para rectificar la documentación.
Por estos hechos, la mujer fue imputada por los delitos de exacciones ilegales agravadas —por haber convertido en propio el provecho del ilícito— y falsedad ideológica agravada, al haber sido cometida por una funcionaria pública, en concurso real y en carácter de autora.
Finalmente, el fiscal solicitó una prórroga de tres meses para continuar con la investigación, pedido que fue avalado por el juez de garantías Juan Guaita, quien también dio lugar a la reformulación de los cargos.
